Becas a jóvenes “ninis”, pensión para las personas de la tercera edad, bajar o congelar los precios de gasolinas, guarderías de tiempo completo y un ingreso básico universal, son parte de las propuestas que han hecho los candidatos a la presidencia pero según algunos expertos, serán difíciles de cumplir por sus altos costos y las obligaciones que ya existen en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Según Abel Hibert, asesor económico de la coalición Juntos Haremos Historia que abandera a Andrés Manuel López Obrador, se pueden generar hasta 400,000 (mdp) en el presupuesto público al recortar gastos onerosos en el gobierno como salarios de funcionarios de altos mandos, celulares, autos y servicios personales, entre otros.

De estos 400,000 mdp, Hibert detalló que el 60% (240,000 mdp) se destinaría a inversión física; 26% (104,000 mdp) a programas dirigidos a personas de la tercera edad y jóvenes, y 14% (56,000 mdp) para reducir la deuda pública.

Salomón Chertorivski, asesor económico de la coalición Por México al Frente, refiere que los recursos para apoyos económicos que Ricardo Anaya propone pueden financiarse con los ingresos excedentes que anualmente tienen las finanzas públicas, por mayor recaudación y por una mayor venta de petróleo.

“De entrada, sólo lo que se fue en gasto discrecional el año pasado; entre lo que se presupuestó y lo que se gastó hay un colchón como de 600,000 millones de pesos”, comentó Chertorivski.

Sin detallar cifras, Luis Madrazo, asesor económico de Todos por México de José Antonio Meade, explicó que propuestas como guarderías de tiempo completo y apoyos a mujeres emprendedoras se pueden financiar al “asignar mejor el gasto”.

Pero lejos del gasto que las propuestas puedan implicar por sí mismas se observa difícil su cumplimiento en vista de que los tres candidatos punteros se han comprometido a que de ganar la presidencia no generarán mayor déficit en las finanzas públicas, ni recurrirán a mayor deuda pública.

“Es imposible cumplir las promesas de campaña sin generar un déficit o recurrir a deuda, (quien llegue a la presidencia) tiene que aumentar ingresos o la deuda o reorganizar gasto, ya que no hay mucho espacio para esto”, consideró Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays.

Cuestión de cifras

El programa para jóvenes que no estudian, ni trabajan (ninis) de la coalición Juntos Haremos Historia contempla un gasto por 109,490 mdp al año; 100,790 mdp al año por un apoyo mensual de 3,651 pesos para 2.3 millones de jóvenes desempleados, además de un gasto de 8,700 mdp por un apoyo de 2,416 pesos anuales a 300,000 jóvenes que buscan estudiar.

En tanto, la propuesta de congelar el precio de la gasolina de López Obrador, generaría un costo cercano a los 20,000 mdp al año, según un cálculo de Citibanamex. “Si bien este no se observa sustancial, se convierte en un costo fiscal que golpea el compromiso de finanzas públicas estables”, consideró Sergio Luna, director de Estudios Económicos de la institución financiera.

En la fila de propuestas está la del Ingreso Básico Universal (IBU) de Ricardo Anaya.

Esta propuesta radica en dar un ingreso mínimo a cada mexicano, con el objetivo de evitar el clientelismo por “apoyos económicos” y bancarizar a los beneficiarios, pues este apoyo se daría a través de transferencias electrónicas bancarias, explicó Chertorivski.

Al no existir un monto específico, ni periodicidad para el IBU, especialistas han hecho algunas estimaciones de lo que costaría.

Por ejemplo, si se dieran 1,000 pesos cada mes y se multiplica por 125 millones de mexicanos por 12 meses, representaría un gasto anual de 1.5 billones de pesos lo que podría generar un desequilibrio a las finanzas públicas, estimó Arturo Fernández, rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Esa cantidad equivale a la tercera parte de todo lo que gastó el sector público en 2017, refieren datos de Hacienda.

“El gasto público no tiene que seguirse viendo como un mecanismo de solución de problemas de ingreso y de oportunidades laborales, ni de desarrollo social, porque no va a alcanzar”, comentó José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

Además de los pagos obligatorios como el servicio financiero de la deuda pública, se deben considerar gastos crecientes, como el de pago de pensiones, y que en 2017 absorbió el 13.6% de todo el presupuesto del sector público, en 2016 representó el 12.1%, detallan cifras de Hacienda.

Mientras que hay gastos ineludibles por el concepto de participaciones a los estados.

Al respecto, los asesores de Anaya y Meade consideran que se deben buscar eficiencias en los recursos que se transfieren a los estados e incentivar que las entidades trabajen más en generar ingresos propios, mientras que Madrazo, el asesor de Meade considera que no se deben hacer cambios en el reparto de estos recur

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