Ante las graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, el Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para resolver el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Dicha comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirán qué líneas de investigación seguirán y las pruebas a desahogar, y podrán validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

Los magistrados establecieron que la investigación en el llamado “caso Ayotzinapa” no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como los Protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En la sentencia, los magistrados señalaron la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.

Finalmente, los magistrados pidieron al Ministerio Público entregar dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con el Protocolo de Estambul. En caso de no cumplir, se determinará que las confesiones e imputaciones en contra de inculpados fueron obtenidas mediante tortura.

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