Las senadoras por el estado de Arizona Martha McSally y Kyrsten Sinema realizaron una petición al Departamento de Comercio para acabar con el arancel de 17.5% que pagan las exportaciones de tomate hacia Estados Unidos y señalaron que la medida para inspeccionar el 100% de cargamentos de los productores en frontera, uno de los requisitos que ha puesto el gobierno de Donald Trump para eliminar la tasa, significará hasta 270 millones de dólares adicionales en costos para los importadores.

Este sobrecosto supone un riesgo para los empleos en Arizona. Las senadoras señalan también la posibilidad de que el gobierno mexicano imponga medidas espejo a las exportaciones estadounidenses.

En una carta enviada a Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, McSally y Sinema advierten que el comercio de tomate fresco con México respalda un número significativo de empleos en Arizona y en la región suroeste de la franja fronteriza.

“Asegurarnos de que este comercio continúe tan libre y vigorosamente como sea posible es de alta prioridad para nosotros. Confiamos en que el Departamento comparte nuestras metas de crear empleo en Estados Unidos y ofrecer a los consumidores estadounidenses la opción de elegir los productos frescos que compran”, señalan.

Además, consideran que un mandato de inspección completa al producto mexicano es “poco recomendable” en un entorno en el que las aduanas fronterizas enfrentan una escasez de personal e infraestructura, y agregó que el acuerdo propuesto infringiría los derechos legales y contractuales de compradores y vendedores estadounidenses de tomate mexicano de ser compensados por los tomates rechazados en las inspecciones.

“Esta disposición crearía un campo de juego disparejo para las ventas domésticas de tomates importados y provocaría que fuera excesivamente difícil para los importadores estadounidenses de tomates competir con otros vendedores”.

La revisión del 100% de los tomates que crucen la frontera hacia Estados Unidos es uno de los requisitos planteados por Estados Unidos para eliminar el arancel de 17.5% que los tomateros deben pagar desde mayo. Los productores y el gobierno mexicanos se han posicionado en contra, por lo que aun no se ha destrabado el acuerdo..

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