“Señor, cuida a mi hijo”, suplicó Miriam al escuchar disparos lejanos, pero la tragedia estaba consumada: Luis, su único hijo, moría a manos de un escuadrón policial que aterroriza a las barriadas de Venezuela.

Balazos en el tórax apagaron las vidas de Luis, Jesse, Cristian y decenas más presuntamente ejecutados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), creadas en 2017.

La situación es tal que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, exigió su “disolución” tras reunirse en junio con familiares de víctimas.

Desde 2018 la ONG de derechos humanos Cofavic, que asesora a los deudos, recibió información de 831 supuestas ejecuciones, la mayoría de hombres jóvenes, que implicarían a las FAES.

Amanecía el pasado 13 de mayo cuando un agente mató a Luis Ariza, de 21 años, en las Adjuntas, vecindario humilde de Caracas.

Un parte interno de las FAES asegura que Luis caminaba con un revólver en la mano y que, “haciendo caso omiso” a una orden de detenerse, disparó contra una comisión policial que lo abatió.

Pero familiares aseguran que, inerme, fue sacado por la fuerza de la casa donde vivía con su esposa y sus dos hijos, a quienes la policía mantuvo encerrados allí. Escucharon disparos y cuando los dejaron salir encontraron el cuerpo.

La comisión lo vinculó con un homicidio, pero el mismo parte indica que la policía no tenía registrada el arma ni requería a Luis.

Iba bajando a trabajar y cuando escucho el disparo sentí algo en el pecho. Lo único que dije fue ‘Señor, cuida a mi hijo'”, recuerda entre largos silencios Miriam, empleada bancaria de 39 años que vive en el sector.

Luis había estado detenido tres meses en el marco de protestas opositoras que dejaron 125 muertos en 2017.

Bachelet documentó los casos de seis jóvenes “ejecutados por las FAES en represalia” por manifestaciones a inicios de 2019.

“¡Vivan las FAES!”

El presidente socialista Nicolás Maduro activó las FAES el 14 de julio de 2017, en plenas protestas, para “proteger al pueblo del crimen y bandas terroristas” que relacionó con la oposición.

Pero las denuncias de violaciones abundan: allanamientos ilegales en suburbios pobres, tiros de gracia, simulación de enfrentamientos, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes, según Bachelet, oenegés, víctimas y documentos.

Bachelet teme que las FAES sean un “instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social”, según dijo en julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde Venezuela acaba de obtener una controvertida banca.

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