La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) continúa frenada y sin que el gobierno federal pueda echar a andar las medidas contenidas en la iniciativa presidencial que busca devolver poder de mercado a la empresa estatal CFE.

Hace una semana, el gobierno federal anunció que el segundo tribunal especializado en competencia revocó una suspensión definitivaconcedida por el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que detenía de manera indefinida la reforma publicada en marzo pasado. Y aunque en días pasados el mismo tribunal ordenó la revocación de otras dos suspensiones concedidas por el mismo juez, los últimos movimientos del poder judicial no han sido suficientes para cambiar el estatus de la reforma impulsada desde Palacio Nacional.

Las tres revocaciones acumuladas –de más de 100 que deberán ser analizadas– solo representan una pequeña porción del total de juicios de amparo iniciados por compañías privadas y por organizaciones ambientalistas. Y mientras uno de estos procedimientos continúe vigente, dicen abogados consultados, la iniciativa continuará detenida.

La reforma a la LIE busca, entre otras cosas, suspender algunos permisos de autoabasto –una figura usada principalmente por clientes industriales– si el gobierno considera que son dañinos para el Estado. También busca colocar al inicio de la fila a las plantas hidroeléctricas propiedad de la estatal dirigida por Manuel Bartlett, que perdió la exclusividad en el mercado de generación eléctrica con el cambio constitucional de 2013.

La reforma fue publicada en marzo pasado, después de ser enviada por el presidente y aprobada sin cuestionamientos en el Congreso. Tras su publicación, y después de que participantes del sector presentaron de manera individual una serie de solicitudes de amparo, los dos jueces especializados en competencia dictaron que las medidas fueran suspendidas.

Aunque esto no implicó una invalidación de la reforma, sí representó una pausa a las medidas por el tiempo en que el caso fuera resuelto de fondo y los jueces determinaran si la reforma violaba o no principios constitucionales.

La Presidencia y la Secretaría de Energía (Sener) presentaron recursos de revisión ante los dos tribunales especializados en competencia, para pedir la revocación de las suspensiones, mismas que ya comenzaron a ser otorgadas en las dos semanas pasadas.

El 3 de julio pasado, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, explicó que la medida del segundo tribunal especializado en competencia se dio después de que este órgano determinó que las medidas de la reforma “por sí mismas no causan ningún daño a particulares”, según dijo en un mensaje de Twitter. “Esta resolución avala dichas reformas por el presidente en beneficio del pueblo de México”, completó.

Pero, de acuerdo con el expediente del caso, la suspensión fue revocada bajo el razonamiento de que las medidas iniciales de la reforma que ya han sido publicadas –y que solo delinean las acciones generales de la misma– aún no son suficientes para determinar si éstas son dañinas o no a los generadores privados de energía.

Así, el segundo tribunal ha revocado tres suspensiones, en espera de que el gobierno federal a través de los organismos encargados de la política energética, como Sener o la Comisión Reguladora de Energía (CRE), publiquen los reglamentos secundarios de la aplicación de la reforma, que delinearán el impacto que tendrán las medidas en el sector.

“Sí se determinó que no causaban ningún daño, pero porque sus efectos estaban sujetos a actos posteriores de aplicación”, dice Bernardo Cortés, un abogado especializado en energía y socio del despacho Cortés Quesada. “No se mete a ver si son o no válidos los argumentos (de los amparos), lo único que dice es ‘ahorita no es el momento para hacer efectiva la suspensión’”, explica vía telefónica.

Así, el gobierno federal deberá de esperar a que los dos tribunales especializados en competencia resuelvan los recursos de revisión que fueron solicitados para todos los casos de amparo, que suman más de una centena.

Y sólo si la totalidad de las suspensiones otorgadas por los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, incluidos los que fueron presentados bajo argumentos ambientales, son revertidas, la reforma a la LIE podrá continuar su aplicación. Si esto sucede, dicen los juristas entrevistados, el gobierno federal tendría la facultad de poner en marcha las nuevas medidas para limitar la participación privada, pero bajo el riesgo de que las compañías y las organizaciones ambientalistas acudan de nuevo al poder judicial para frenar los cambios.

El revés a las suspensiones, explican las fuentes, no tendrá un efecto en la resolución de fondo del amparo, que tiene como último fin que los jueces especializados en competencia determinen si la reforma es válida o no.

“Lo que hacen las suspensiones es decir: todo aquello que bajo la reforma se puede hacer, no se puede llevar a cabo. ¿Pero qué pasa si quitan todas las supensiones definitivas? Pues es como regresar al inicio, y por ende, podrían aplicar todo lo que se establece en la reforma”, dice Daniel Sánchez, partner de Baker & McKenzie.

El presidente anunció hace unos días que próximamente presentará una reforma constitucional en la materia para dejar asentado todos los cambios que no le han permitido ser implementados. Así, los especialistas del sector ya esperan que todo el contenido de la reforma a la LIE, hasta ahora detenida, sea contenido en el nuevo instrumento con el que el presidente busca cambiar la dinámica del mercado eléctrico.

 

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